Corte ampara derechos de vendedora que le decomisaron sus productos

Colprensa
La Corte Constitucional amparó los derechos a la vida digna, trabajo y debido proceso a Marina del Carmen Burgos Burbano, una vendedora ambulante de Cali a quien le fueron decomisados los productos que comercializaba, tras un operativo cuyo fin era la recuperación del espacio público. Con ponencia del magistrado Jaime Araújo Rentería, el Alto Tribunal consideró que las autoridades “desconocen los principios de confianza legítima y proporcionalidad cuando de manera intempestiva se implementan políticas de recuperación del espacio público, que implican el desalojo o retiro de quienes tienen razones suficientes para considerar que su actividad es legítima” . Este argumento es aún más claro, dijo la Corte, cuando dichas actividades se han desarrollado bajo el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones y cuando dada la ejecución de dichas políticas no se ofrecen alternativas económicas pertinentes y adecuadas, capaces de menguar sus efectos nocivos. La Corte recordó que frente a los planes de recuperación del espacio público que contemplan la reubicación del comercio informal se presentan dificultades tales como las condiciones de marginalidad de grupos significativos de la población que, ante la imposibilidad del Estado de asegurar una política de pleno empleo, deben hacer uso de la informalidad para garantizar su subsistencia. El Alto Tribunal dice que todas las autoridades tienen “el deber de implementar medidas positivas tendientes a erradicar la pobreza y de promover la igualdad material de quienes se encuentran en situación de debilidad, indefensión, marginalidad y exclusión, y por tanto, requieren especial protección” . El fallo también consideró que las autoridades “tienen el deber de abstenerse de adelantar o ejecutar políticas regresivas” y “todas aquellas actuaciones de las autoridades públicas que impliquen el detrimento de las condiciones de vida”.