El ente decidió que ese adjetivo no tiene exclusividad y puede ser utilizado como marca acompañante de otro signo cualquiera para distinguir productos o servicios ofrecidos en el mercado nacional.
Con este argumento, la máxima instancia resolvió un pleito iniciado a raíz de una demanda presentada por la sociedad Harinera del Valle S.A. contra una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio de 1998, mediante la cual concedió el registro de la inscripción 'suprema' a la firma Industria de Harinas Tuluá Ltda.Según la acción, la Superindustria violó la legislación al permitir la titularidad de una expresión irregistrable, toda vez que al hablar de harinas 'suprema' se da una referencia en relación con la calidad de las mismas. Recordó que no se puede autorizar como marca una cualidad del producto. Sin embargo, la SIC indicó que la expresión 'suprema' sí es inscribible porque no alude a una característica esencial.En el proceso, la sociedad Industria de Harinas Tuluá Ltda. compartió la tesis de la SIC y dijo que la palabra 'suprema' hace parte de 'Flor suprema'.Se trata de una expresión, agregó la firma, que no versa sobre una cualidad que es única del producto como tal. "En otras palabras, cuando se pronuncia la marca 'suprema' no se llega a conocer el producto o sus características esenciales", insistió. En el fallo, el tribunal dijo que la expresión 'suprema' no es descriptiva ni genérica respecto de los productos que distingue porque no se usa para definirlos.El uso comúnLa palabra 'suprema' pasa a ser un elemento gramatical que puede ser utilizado respecto de todas las cosas reales y, por consiguiente, de todos los productos y servicios ofrecidos en el mercado, sostuvo la alta corporación en el texto de su sentencia.
Por lo tanto, 'suprema' se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptivo de cosa alguna, sino utilizable para intentar magnificar las calidades de algún producto, sin identificar ninguno en particular.
Portafolio - Tierra y Justicia
jueves, octubre 9
Grandes potencias aceleran la deforestación y la degradación forestal
Las grandes potencias mundiales incumplen sus compromisos para preservar la biodiversidad
Así lo revela un informe presentado en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que se celebra en Barcelona. Dichos objetivos de preservación para el 2010 fueron fijados por las mismas potencias.
El documento dado a conocer en el Congreso es obra de la asociación medioambiental "Cuenta Atrás 2010" y en él se destaca que el cumplimiento de esos objetivos entre las economías más importantes del mundo oscila "entre medio y bajo".
El estudio alerta a los países del G8+5 de que deben emplearse más a fondo si quieren cumplir los compromisos adquiridos para reducir de manera significativa la pérdida de biodiversidad.
Sebastian Winkler, responsable de "Cuenta Atrás 2010", miembro de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), afirmó que este informe complementa otros estudios sobre indicadores de biodiversidad y es un instrumento de valor para los países implicados en la preservación de su medioambiente.
El seguimiento de los cumplimientos de los objetivos en materia de biodiversidad de los ocho grandes -Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y EEUU-, además de las de cinco economías emergentes -Brasil, China, India, México y Sudáfrica-, demuestra que, en general, estos "no están progresando con rapidez".
"Estos países no están trabajando suficiente. Necesitamos de una vez por todas que los gobiernos sean conscientes de la necesidad de llevar a cabo acciones para alcanzar los objetivos marcados", dijo Gordon Shepherd, de World Wild Life (WWF) Internacional.
En el Congreso también se abogó por hacer que la gestión sostenible de todos los bosques del planeta sea una prioridad mundial a corto y medio plazo para combatir el cambio climático, debido a la capacidad de estos espacios naturales para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y capturar el carbono.
Este es el principal mensaje de la declaración sobre el rol de los bosques en el cambio climático, que acordaron más de 250 representantes de Gobiernos, empresas de silvicultura, sindicatos, grupos ambientales y sociales, pueblos indígenas, organizaciones internacionales y propietarios de bosques.
La deforestación y la degradación forestal es la causante de cerca del 20% de las emisiones del gas invernadero, por lo que una gestión adecuada de los bosques puede mitigar de manera importante el cambio climático.
La UICN, la red ambiental mundial más antigua, está integrada por más de 1.000 organizaciones gubernamentales y ONG, casi 11.000 científicos y expertos de unos 160 países, por lo que sus resoluciones, aunque no vinculantes, tienen un importante peso político.
EFE - Tierra y Justicia
Así lo revela un informe presentado en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que se celebra en Barcelona. Dichos objetivos de preservación para el 2010 fueron fijados por las mismas potencias.
El documento dado a conocer en el Congreso es obra de la asociación medioambiental "Cuenta Atrás 2010" y en él se destaca que el cumplimiento de esos objetivos entre las economías más importantes del mundo oscila "entre medio y bajo".
El estudio alerta a los países del G8+5 de que deben emplearse más a fondo si quieren cumplir los compromisos adquiridos para reducir de manera significativa la pérdida de biodiversidad.
Sebastian Winkler, responsable de "Cuenta Atrás 2010", miembro de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), afirmó que este informe complementa otros estudios sobre indicadores de biodiversidad y es un instrumento de valor para los países implicados en la preservación de su medioambiente.
El seguimiento de los cumplimientos de los objetivos en materia de biodiversidad de los ocho grandes -Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y EEUU-, además de las de cinco economías emergentes -Brasil, China, India, México y Sudáfrica-, demuestra que, en general, estos "no están progresando con rapidez".
"Estos países no están trabajando suficiente. Necesitamos de una vez por todas que los gobiernos sean conscientes de la necesidad de llevar a cabo acciones para alcanzar los objetivos marcados", dijo Gordon Shepherd, de World Wild Life (WWF) Internacional.
En el Congreso también se abogó por hacer que la gestión sostenible de todos los bosques del planeta sea una prioridad mundial a corto y medio plazo para combatir el cambio climático, debido a la capacidad de estos espacios naturales para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y capturar el carbono.
Este es el principal mensaje de la declaración sobre el rol de los bosques en el cambio climático, que acordaron más de 250 representantes de Gobiernos, empresas de silvicultura, sindicatos, grupos ambientales y sociales, pueblos indígenas, organizaciones internacionales y propietarios de bosques.
La deforestación y la degradación forestal es la causante de cerca del 20% de las emisiones del gas invernadero, por lo que una gestión adecuada de los bosques puede mitigar de manera importante el cambio climático.
La UICN, la red ambiental mundial más antigua, está integrada por más de 1.000 organizaciones gubernamentales y ONG, casi 11.000 científicos y expertos de unos 160 países, por lo que sus resoluciones, aunque no vinculantes, tienen un importante peso político.
EFE - Tierra y Justicia
miércoles, octubre 8
Tutelas contra sentencias de las salas civil y laboral de la Corte Suprema
Aunque la Corte rechazaba de plano el estudio de las demandas de este tipo porque consideraba que eran improcedentes, la Sala Laboral decidió revisar una, aunque la negó en menos de 24 horas. La posición de la Corte de rechazar las tutelas contra sus sentencias, se ha mantenido durante la última década.
A pesar de la oposición de los magistrados de la Sala Civil, sus colegas de la Laboral admitieron analizar la queja de Gladys Carvajalino de Mancini, quien solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la Justicia por haberse rechazado un recurso de casación que instauró en un caso civil.Los magistrados de la Sala Laboral de la Corte reiteraron en su sentencia que como órgano límite "no existe la posibilidad de revisión de sus providencias cuando adquieren la firmeza de cosa juzgada que les da el carácter de intangibles e inmutables, como lo señala la Constitución Política".
Fallo por razones estratégicas
La decisión, expresaron allegados al alto tribunal, fue concebida como una estrategia para evitar que los fallos de la Corte fueran revisados por un juez de menor jerarquía o de una jurisdicción diferente. Sin embargo, el tema surgió de manera inesperada en la Sala Plena del pasado lunes mientras discutían la elección del candidato a la terna para Procurador General de la Nación y fue acogido por los miembros de la Sala Penal.Entre los magistrados de la Corte Suprema que integran la Sala Civil, sin embargo, esto no soluciona la situación. "Lo que se hizo con esto fue cambiar de verdugo, pero el problema se mantiene", aseguró una fuente cercana al alto tribunal de Justicia, que prefirió mantener su nombre en reserva.
Tierra y Justicia
A pesar de la oposición de los magistrados de la Sala Civil, sus colegas de la Laboral admitieron analizar la queja de Gladys Carvajalino de Mancini, quien solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la Justicia por haberse rechazado un recurso de casación que instauró en un caso civil.Los magistrados de la Sala Laboral de la Corte reiteraron en su sentencia que como órgano límite "no existe la posibilidad de revisión de sus providencias cuando adquieren la firmeza de cosa juzgada que les da el carácter de intangibles e inmutables, como lo señala la Constitución Política".
Fallo por razones estratégicas
La decisión, expresaron allegados al alto tribunal, fue concebida como una estrategia para evitar que los fallos de la Corte fueran revisados por un juez de menor jerarquía o de una jurisdicción diferente. Sin embargo, el tema surgió de manera inesperada en la Sala Plena del pasado lunes mientras discutían la elección del candidato a la terna para Procurador General de la Nación y fue acogido por los miembros de la Sala Penal.Entre los magistrados de la Corte Suprema que integran la Sala Civil, sin embargo, esto no soluciona la situación. "Lo que se hizo con esto fue cambiar de verdugo, pero el problema se mantiene", aseguró una fuente cercana al alto tribunal de Justicia, que prefirió mantener su nombre en reserva.
Tierra y Justicia
Compañías de celulares deben consultar la ciudadanía para instalar más antenas
Las compañías de telefonía celular deberán consultar la opinión de los ciudadanos y pedirles su aprobación antes de instalar antenas repetidoras de celular en cualquier barrio de esta capital. Así quedó definido en el Decreto 0546 del 7 de octubre del 2008, el cual además obliga a estas entidades a cumplir todas las reglamentaciones del caso, las cuales están contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. “En Cali se van poniendo antenas en todas partes sin pedir permiso para el uso de suelo a las curadurías o la Secretaría de Infraestructura. Es hora de poner un alto a esta situación”, señaló el alcalde Jorge Iván Ospina. El endurecimiento de la normatividad que regula esos instrumentos de comunicación se presenta días después de que una antena se desplomara sobre dos viviendas en el oriente de la ciudad, producto de la fuerza de un vendaval. “No podemos permitir que se presenten situaciones de ese tipo otra vez. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, pero esa fue una voz de alerta que la Administración no puede ignorar”, agregó el director de Planeación Municipal, Johannio Marulanda. De esta forma, cada vez que alguna empresa de telefonía móvil quiera instalar una nueva antena deberá tramitar los permisos ante las entidades de control encargadas de ese tema, es decir, las curadurías, la oficina de Planeación Municipal y la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal. Asimismo, se deberá presentar una carta de aceptación de la comunidad con las respectivas firmas de los ciudadanos. Otros requisitos son el plan de manejo ambiental ante el Dagma y el concepto sanitario de Salud Pública para acceder a una licencia de ocupación del espacio público.
Si usted se siente inconforme con la instalación de alguna antena de telefonía celular, puede poner su queja ante la Oficina de Planeación Municipal en el CAM o al teléfono 6617055.Crecimiento descontrolado A pesar de que la Alcaldía no tiene datos exactos acerca de cuántas antenas hay en Cali, Johannio Marulanda manifestó que en promedio existen unas 300. Muchas de ellas están ubicadas en zonas comerciales o residenciales, siendo el sur y el centro las áreas más afectadas. “El crecimiento de los celulares en el mundo demanda que haya cada vez mayor cobertura, pero eso llevó a que se pongan esas antenas en cualquier parte. He conocido casos de personas que reciben $100.000 mensuales para permitir que construyan antenas en los patios de sus viviendas”, dijo el alcalde Ospina. Evidencia de esa proliferación desmedida es que al finalizar el 2004 existían 182 antenas, ubicadas en viviendas, restaurantes, parqueaderos, entidades médicas y hasta jardines infantiles, entre otros espacios. Ese número casi se ha duplicado en poco menos de cuatro años. Algunos miembros de la comunidad manifestaron su preocupación por la cantidad de antenas, ya que la prolongada exposición a las ondas electromagnéticas podría causar graves afecciones de salud. Según Alejandro de Lima, director del Dagma, a esa entidad llegan innumerables quejas, aunque el funcionario fue enfático en afirmar que no conoce ningún estudio que revele que las personas puedan sufrir trastornos por esa causa. Empero, el Director de Planeación, aunque afirmó que tampoco conoce alguna investigación al respecto, no dudó en declarar que él “no viviría cerca de una antena”. Por su parte, el personero municipal, Manuel Torres, celebró la decisión del Municipio, sin embargo tuvo reparos al señalar que la nueva ley no es retroactiva, es decir que no aplica para las antenas que ya están en funcionamiento.
Si usted se siente inconforme con la instalación de alguna antena de telefonía celular, puede poner su queja ante la Oficina de Planeación Municipal en el CAM o al teléfono 6617055.Crecimiento descontrolado A pesar de que la Alcaldía no tiene datos exactos acerca de cuántas antenas hay en Cali, Johannio Marulanda manifestó que en promedio existen unas 300. Muchas de ellas están ubicadas en zonas comerciales o residenciales, siendo el sur y el centro las áreas más afectadas. “El crecimiento de los celulares en el mundo demanda que haya cada vez mayor cobertura, pero eso llevó a que se pongan esas antenas en cualquier parte. He conocido casos de personas que reciben $100.000 mensuales para permitir que construyan antenas en los patios de sus viviendas”, dijo el alcalde Ospina. Evidencia de esa proliferación desmedida es que al finalizar el 2004 existían 182 antenas, ubicadas en viviendas, restaurantes, parqueaderos, entidades médicas y hasta jardines infantiles, entre otros espacios. Ese número casi se ha duplicado en poco menos de cuatro años. Algunos miembros de la comunidad manifestaron su preocupación por la cantidad de antenas, ya que la prolongada exposición a las ondas electromagnéticas podría causar graves afecciones de salud. Según Alejandro de Lima, director del Dagma, a esa entidad llegan innumerables quejas, aunque el funcionario fue enfático en afirmar que no conoce ningún estudio que revele que las personas puedan sufrir trastornos por esa causa. Empero, el Director de Planeación, aunque afirmó que tampoco conoce alguna investigación al respecto, no dudó en declarar que él “no viviría cerca de una antena”. Por su parte, el personero municipal, Manuel Torres, celebró la decisión del Municipio, sin embargo tuvo reparos al señalar que la nueva ley no es retroactiva, es decir que no aplica para las antenas que ya están en funcionamiento.
El Espectador - Tierra y Justicia
Director de Noticias 1 revela cuotas y contratos de investigadores de Uribe
El director de Noticias Uno, por solicitud del representante Germán Navas, adicionó pruebas al proceso de recusación en contra de los dos congresistas uribistas que investigan al Jefe de Estado, porque tienen a familiares suyos trabajando en el Gobierno.
Según él, los representantes Edgar Ulises Torres y José Gerardo Piamba no son las personas más idóneas, al tener ellos o sus familiares contratos con el Estado; para investigar por cohecho en la Comisión de Acusaciones al Jefe de Estado, en la indagación que se lleva por la posible compra a Yidis Medina del voto de la reelección.
En carta enviada a Navas, el comunicador dio a conocer que la hermana del representante Edgar Ulises Torres, la señora Flor Mariela Torres con cédula No. 26.341.221, fue nombrada en la oficina de control interno de de la Superintendencia de Industria y Comercio.
A la vez, se revela que la hermana del representante chocoano es hija de don Armando Torres y doña Eleutaria Murillo, demostrando así que son los mismos progenitores del legislador.
"Dicho nombramiento, en un cargo que tiene por objeto velar por la transparencia de la entidad, se hizo a pesar de que contra la hermana del Representante, la doctora Flor Mariela Torres, pesaba una sanción de la Procuraduría resuelta el 6 de junio de 2000 y confirmada el 4 de octubre de 2001", cita textualmente la carta enviada por Coronell al representante Navas Talero.
Esta sanción del Ministerio Público obedece a las irregularidades en la compra de elementos, celebración de órdenes de servicio y suscripción de contratos de obras públicas y suministro de materiales, cuando fue directora del Departamento Administrativo de Salud del Chocó.
Esta tarde la Comisión de Acusaciones se reunirá para definir el tema de la recusación a Edgar Ulises Torres y José Gerardo Piamba, y el posible apoyo que se les brindará a los congresistas.
Según él, los representantes Edgar Ulises Torres y José Gerardo Piamba no son las personas más idóneas, al tener ellos o sus familiares contratos con el Estado; para investigar por cohecho en la Comisión de Acusaciones al Jefe de Estado, en la indagación que se lleva por la posible compra a Yidis Medina del voto de la reelección.
En carta enviada a Navas, el comunicador dio a conocer que la hermana del representante Edgar Ulises Torres, la señora Flor Mariela Torres con cédula No. 26.341.221, fue nombrada en la oficina de control interno de de la Superintendencia de Industria y Comercio.
A la vez, se revela que la hermana del representante chocoano es hija de don Armando Torres y doña Eleutaria Murillo, demostrando así que son los mismos progenitores del legislador.
"Dicho nombramiento, en un cargo que tiene por objeto velar por la transparencia de la entidad, se hizo a pesar de que contra la hermana del Representante, la doctora Flor Mariela Torres, pesaba una sanción de la Procuraduría resuelta el 6 de junio de 2000 y confirmada el 4 de octubre de 2001", cita textualmente la carta enviada por Coronell al representante Navas Talero.
Esta sanción del Ministerio Público obedece a las irregularidades en la compra de elementos, celebración de órdenes de servicio y suscripción de contratos de obras públicas y suministro de materiales, cuando fue directora del Departamento Administrativo de Salud del Chocó.
Esta tarde la Comisión de Acusaciones se reunirá para definir el tema de la recusación a Edgar Ulises Torres y José Gerardo Piamba, y el posible apoyo que se les brindará a los congresistas.
No decir que NO es decir que SÍ en medicina prepagada
La Corte Constitucional puso a las empresas prestadoras de medicina prepagada a ser más explícitos con los contratos de afiliación de nuevos usuarios, al ordenarles que los servicios que no excluyan de esos documentos, deben obligatoriamente prestarlos a sus afiliados.
El Alto Tribunal le dijo a estas empresas que le realicen un examen médico cabal a los usuarios y determinen, de esta forma, qué tipo de tratamientos no van a ofrecerle por enfermedades previas a la firma del convenio. De esta forma le otorgan la libertad al nuevo usuario de definir si desea o no suscribirse bajo esas condiciones.
"Por tanto, todas las enfermedades no diagnosticadas como resultado de dicho examen no podrán ser consideradas preexistencias, y deberán ser tratadas y atendidas médicamente por la entidad", sentenció la Corte Constitucional.
De esta manera, las empresas de medicina prepagada no podrán argumentar, para negar un tratamiento al paciente, que esa era una enfermedad preexistente; si no estaba escrito el procedimiento claramente en el contrato, se deberá ver obligada a prestarlo.
De igual forma, la Corte determinó que los contratos no podrán tener "exclusiones genéricas", que hablen de la excepción, por ejemplo, de enfermedades "congénitas", sino que deben ser claros y precisos con los tratamientos específicos que no incluirá el servicio. Esto, porque un contrato de ese tipo "viola la igualdad contractual de las partes en perjuicio del afiliado", y atentan contra su derecho a la salud.
El dictamen de la Corte Constitucional se da como consecuencia de una acción de tutela interpuesta por un estudiante universitario de Medellín, que fue diagnosticado desde los trece años con síndrome de Peutz - Jeghers. Esta enfermedad implicaba la aparición de pólipos en el intestino delgado.
Después de dos cirugías, costeadas por la entidad, el médico le ordenó un examen - enteroscopia - para hallar todos los pólipos y sacarlos con una sola intervención quirúrgica y de esta manera evitar nuevas operaciones por la misma causa en el futuro. Coomeva Medicina Prepagada negó el servicio, con un costo aproximado de $4 millones, argumentando que se trataba de una enfermedad congénita, y que éstas están excluidas dentro de los servicios de la entidad.
Tierra y Justicia
El Alto Tribunal le dijo a estas empresas que le realicen un examen médico cabal a los usuarios y determinen, de esta forma, qué tipo de tratamientos no van a ofrecerle por enfermedades previas a la firma del convenio. De esta forma le otorgan la libertad al nuevo usuario de definir si desea o no suscribirse bajo esas condiciones.
"Por tanto, todas las enfermedades no diagnosticadas como resultado de dicho examen no podrán ser consideradas preexistencias, y deberán ser tratadas y atendidas médicamente por la entidad", sentenció la Corte Constitucional.
De esta manera, las empresas de medicina prepagada no podrán argumentar, para negar un tratamiento al paciente, que esa era una enfermedad preexistente; si no estaba escrito el procedimiento claramente en el contrato, se deberá ver obligada a prestarlo.
De igual forma, la Corte determinó que los contratos no podrán tener "exclusiones genéricas", que hablen de la excepción, por ejemplo, de enfermedades "congénitas", sino que deben ser claros y precisos con los tratamientos específicos que no incluirá el servicio. Esto, porque un contrato de ese tipo "viola la igualdad contractual de las partes en perjuicio del afiliado", y atentan contra su derecho a la salud.
El dictamen de la Corte Constitucional se da como consecuencia de una acción de tutela interpuesta por un estudiante universitario de Medellín, que fue diagnosticado desde los trece años con síndrome de Peutz - Jeghers. Esta enfermedad implicaba la aparición de pólipos en el intestino delgado.
Después de dos cirugías, costeadas por la entidad, el médico le ordenó un examen - enteroscopia - para hallar todos los pólipos y sacarlos con una sola intervención quirúrgica y de esta manera evitar nuevas operaciones por la misma causa en el futuro. Coomeva Medicina Prepagada negó el servicio, con un costo aproximado de $4 millones, argumentando que se trataba de una enfermedad congénita, y que éstas están excluidas dentro de los servicios de la entidad.
Tierra y Justicia
Más de US$3.500 millones costará reparar a víctimas del conflicto armado
Colombia deberá asignar en los próximos años unos 3.500 millones de dólares para reparar a las víctimas de los grupos implicados en el conflicto armado interno, pronosticó presidente país, Álvaro Uribe.
El gobernante dijo que la vía de reparación administrativa abierta hace poco por su Gobierno ha llevado a que “más de 150 mil víctimas” hayan “comparecido a reclamar sus derechos”. Se trata de una alternativa al resarcimiento por mandato judicial previsto dentro de la normativa aprobada para la reinserción de la las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31 mil paramilitares.
“Estamos haciendo un esfuerzo que en los próximos años puede costar 3.500 millones de dólares en materia de reparación a las víctimas, destacó Uribe ante una asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) que delibera en la capital colombiana”.
El Presidente consideró que la afluencia de víctimas se deriva de la percepción de más seguridad y confianza que hay entre los colombianos, quienes denuncian y, además, rinden testimonio.
Las víctimas encuentran que su reclamo es útil, agregó Uribe, aunque admitió que reparación total no hay. En la misma comparecencia, el Presidente defendió otra vez que en su país se ha superado el paramilitarismo.
De los paramilitares desmovilizados han reincidido unos 3.000 y están activos unos 400, prosiguió el gobernante, y consideró que quienes han retomado las armas están simplemente en el secuestro, en el narcotráfico, en la extorsión, en el terrorismo.
Uribe sostuvo que en su país siguen en actividad unos 12 mil terroristas. Colombia tenía aproximadamente 60 mil terroristas (hace seis años, cuando él asumió su primer mandato de cuatro años), precisó luego, e indicó que en esta Administración se han desmovilizado 48 mil, lo que, dijo, supone un gran desafío costoso y difícil que es la reinserción de todos los desmovilizados.
Tierra y Justicia
El gobernante dijo que la vía de reparación administrativa abierta hace poco por su Gobierno ha llevado a que “más de 150 mil víctimas” hayan “comparecido a reclamar sus derechos”. Se trata de una alternativa al resarcimiento por mandato judicial previsto dentro de la normativa aprobada para la reinserción de la las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31 mil paramilitares.
“Estamos haciendo un esfuerzo que en los próximos años puede costar 3.500 millones de dólares en materia de reparación a las víctimas, destacó Uribe ante una asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) que delibera en la capital colombiana”.
El Presidente consideró que la afluencia de víctimas se deriva de la percepción de más seguridad y confianza que hay entre los colombianos, quienes denuncian y, además, rinden testimonio.
Las víctimas encuentran que su reclamo es útil, agregó Uribe, aunque admitió que reparación total no hay. En la misma comparecencia, el Presidente defendió otra vez que en su país se ha superado el paramilitarismo.
De los paramilitares desmovilizados han reincidido unos 3.000 y están activos unos 400, prosiguió el gobernante, y consideró que quienes han retomado las armas están simplemente en el secuestro, en el narcotráfico, en la extorsión, en el terrorismo.
Uribe sostuvo que en su país siguen en actividad unos 12 mil terroristas. Colombia tenía aproximadamente 60 mil terroristas (hace seis años, cuando él asumió su primer mandato de cuatro años), precisó luego, e indicó que en esta Administración se han desmovilizado 48 mil, lo que, dijo, supone un gran desafío costoso y difícil que es la reinserción de todos los desmovilizados.
Tierra y Justicia
Estudiantes de carreras nocturnas podrán ser beneficiarios de salud sus padres
Los estudiantes menores de 25 años que reciben clases únicamente de noche podrían tener derecho a ser beneficiarios en los servicios de salud de sus padres si dependen económicamente de ellos, según dictamen de la Corte Constitucional.
Algunas entidades prestadoras de servicios de salud determinan en su reglamento que los hijos de los afiliados entre 19 y 25 años de edad deben acreditar estar estudiando en jornada diurna para adoptar la categoría de beneficiarios de los servicios de salud, lo que excluye, por defecto, a los estudiantes de carreras nocturnas; adicionalmente, dicen algunas EPS, se deben dedicar exclusivamente a estudiar y depender por completo de sus padres.
Una joven de 21 años, estudiante de Licenciatura en Inglés de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, tuvo que interponer acción de tutela porque la EPS a la que estaba afiliado su papá le estaba negando los derechos a la salud por no ser estudiante diurna, sin considerar que esa carrera no tenía otra jornada, ni tampoco otra universidad en la misma ciudad ofrecía esa carrera.
La joven se preguntó, en la demanda si "¿debo ir a buscarla a otra universidad pública o privada para quedar inscrita en las condiciones de contrato? ¿Debo cambiar de carrera?". La joven dependía económicamente por completo de sus padres.
Al sentenciar una acción de tutela en el Cauca, la Corte Constitucional calificó como "despropósito", el hecho de considerar siquiera la idea de tener que cambiar de carrera para acceder a los servicios de salud.
La Corte Constitucional determinó que "así las cosas, no resulta aceptable que se prive de los servicios de salud a la actora por estudiar en un programa que sólo se ofrece en jornada nocturna, pues no se puede obligar a la accionante a escoger una carrera que se amolde a los requisitos exigidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para la prestación de los servicios medico-asistenciales". Dijo el Alto tribunal, que si se hiciera lo contrario, se violaría el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio.
El padre de la joven demandante estaba afiliado a la Unión Temporal Surcolombiana, en su calidad de profesor del municipio de San José de Fragua. Entidades prestadoras de servicios de salud que tengan restricciones similares para el acceso de jóvenes entre 19-25 años a los servicios de salud en calidad de beneficiarios, se podrían ver cobijados con esta decisión de la Corte Constitucional.
Tierra y Justicia
Algunas entidades prestadoras de servicios de salud determinan en su reglamento que los hijos de los afiliados entre 19 y 25 años de edad deben acreditar estar estudiando en jornada diurna para adoptar la categoría de beneficiarios de los servicios de salud, lo que excluye, por defecto, a los estudiantes de carreras nocturnas; adicionalmente, dicen algunas EPS, se deben dedicar exclusivamente a estudiar y depender por completo de sus padres.
Una joven de 21 años, estudiante de Licenciatura en Inglés de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, tuvo que interponer acción de tutela porque la EPS a la que estaba afiliado su papá le estaba negando los derechos a la salud por no ser estudiante diurna, sin considerar que esa carrera no tenía otra jornada, ni tampoco otra universidad en la misma ciudad ofrecía esa carrera.
La joven se preguntó, en la demanda si "¿debo ir a buscarla a otra universidad pública o privada para quedar inscrita en las condiciones de contrato? ¿Debo cambiar de carrera?". La joven dependía económicamente por completo de sus padres.
Al sentenciar una acción de tutela en el Cauca, la Corte Constitucional calificó como "despropósito", el hecho de considerar siquiera la idea de tener que cambiar de carrera para acceder a los servicios de salud.
La Corte Constitucional determinó que "así las cosas, no resulta aceptable que se prive de los servicios de salud a la actora por estudiar en un programa que sólo se ofrece en jornada nocturna, pues no se puede obligar a la accionante a escoger una carrera que se amolde a los requisitos exigidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para la prestación de los servicios medico-asistenciales". Dijo el Alto tribunal, que si se hiciera lo contrario, se violaría el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio.
El padre de la joven demandante estaba afiliado a la Unión Temporal Surcolombiana, en su calidad de profesor del municipio de San José de Fragua. Entidades prestadoras de servicios de salud que tengan restricciones similares para el acceso de jóvenes entre 19-25 años a los servicios de salud en calidad de beneficiarios, se podrían ver cobijados con esta decisión de la Corte Constitucional.
Tierra y Justicia
lunes, octubre 6
CE condena a Hospital de B/ventura por muerte en parto por falta de sangre
Apenas alcanzó a ser mamá de su noveno hijo durante dos horas, cuando una mujer de Buenaventura murió desangrada en un hospital local. El Consejo de Estado ordenó una millonaria indemnización para su familia y pidió a los hospitales del país tener bancos de sangre.
El caso se presentó en el Hospital Regional de Buenaventura. Una pareja con ocho hijos acudió a ese centro asistencial para que la mujer diera a luz a su noveno hijo, esto en 1993.
Dos horas después de dar a luz al pequeño, fue trasladada a la habitación, allí pasó unos minutos y fue llevada de emergencia a la sala de cirugía, "donde falleció por paro cardiorespiratorio ocasionado por anemia aguda".
Después de dar a luz, la mujer sufrió una fuerte hemorragia, según su familia había un "charco de sangre" bajo su cama, pero nadie la detectó desde que estaba en la sala de maternidad ni cuando fue trasladada a la habitación.
El Consejo de Estado indicó que "se observa que trascurrieron aproximadamente dos horas entre el momento en que la paciente manifestó al personal auxiliar que la atendió los síntomas que develaban una disminución significativa del volumen de sangre en su cuerpo y la hora en que fue trasladada al quirófano para realizar un procediendo que pudo detener la hemorragia pero que no se inició debidamente por la falta de un elemento esencial, la sangre".
En el hospital no había un banco de sangre efectivo para atender este tipo de casos. En declaración testimonial, el médico que atendió el parto y que igualmente estuvo a cargo de ella en los controles prenatales, cuatro años después de la muerte de la mujer, indicó que "la paciente sube a la sala de media pensión con sangrado normal, no había razón para en ese momento prescribirle sangre es en la sala de media pensión en donde el sangrado se hace abundante".
De igual manera el médico indicó que, en caso de haber tenido sangre disponible en el hospital para la paciente, "hubiera podido salir del problema en que se encontraba en ese momento".
La magistrada Miriam Guerrero de Escobar hizo un llamado a los Hospitales de todo el país, para que "tengan los recursos de sangre disponibles" y todo lo que una madre y su bebé puedan necesitar para evitar tragedias como esta.
Por los daños morales causados como consecuencia de la muerte de la madre y esposa, el Consejo de Estado ordenó al Hospital Regional de Buenaventura pagar a cada uno de ellos más de 46 millones de pesos, para un total de 465 millones de pesos por el esposo y sus nueve hijos.
Tierra y Justicia - El Espectador
El caso se presentó en el Hospital Regional de Buenaventura. Una pareja con ocho hijos acudió a ese centro asistencial para que la mujer diera a luz a su noveno hijo, esto en 1993.
Dos horas después de dar a luz al pequeño, fue trasladada a la habitación, allí pasó unos minutos y fue llevada de emergencia a la sala de cirugía, "donde falleció por paro cardiorespiratorio ocasionado por anemia aguda".
Después de dar a luz, la mujer sufrió una fuerte hemorragia, según su familia había un "charco de sangre" bajo su cama, pero nadie la detectó desde que estaba en la sala de maternidad ni cuando fue trasladada a la habitación.
El Consejo de Estado indicó que "se observa que trascurrieron aproximadamente dos horas entre el momento en que la paciente manifestó al personal auxiliar que la atendió los síntomas que develaban una disminución significativa del volumen de sangre en su cuerpo y la hora en que fue trasladada al quirófano para realizar un procediendo que pudo detener la hemorragia pero que no se inició debidamente por la falta de un elemento esencial, la sangre".
En el hospital no había un banco de sangre efectivo para atender este tipo de casos. En declaración testimonial, el médico que atendió el parto y que igualmente estuvo a cargo de ella en los controles prenatales, cuatro años después de la muerte de la mujer, indicó que "la paciente sube a la sala de media pensión con sangrado normal, no había razón para en ese momento prescribirle sangre es en la sala de media pensión en donde el sangrado se hace abundante".
De igual manera el médico indicó que, en caso de haber tenido sangre disponible en el hospital para la paciente, "hubiera podido salir del problema en que se encontraba en ese momento".
La magistrada Miriam Guerrero de Escobar hizo un llamado a los Hospitales de todo el país, para que "tengan los recursos de sangre disponibles" y todo lo que una madre y su bebé puedan necesitar para evitar tragedias como esta.
Por los daños morales causados como consecuencia de la muerte de la madre y esposa, el Consejo de Estado ordenó al Hospital Regional de Buenaventura pagar a cada uno de ellos más de 46 millones de pesos, para un total de 465 millones de pesos por el esposo y sus nueve hijos.
Tierra y Justicia - El Espectador
Cinco condenados por cuatro deleitos en el caso Foncolpuertos
Cinco personas más fueron juzgadas por el caso Foncolpuertos, después de que un Juzgado de Descongestión profiriera sentencia condenatoria, en primera instancia, por la autoría de esos personajes en delitos que implicaron millonarios recursos de la entidad.
Las personas juzgadas fueron activos partícipes en la elaboración, uso fraudulento y certificación de al menos 30 actas de conciliación completamente falsas, con las que fueron cobrados varios millones procedentes del tesoro público.
Gracias a la actuación procesal, se evitó que fueran cobrados otros tres mil setecientos millones de pesos, por diferentes negociaciones en bancos de Brasil, Nueva York y Londres.
El Tribunal indicó que los acusados parecen "tener un perfil sicológico donde prevalecen la falta de escrúpulos y la ausencia de respeto por la dignidad del cargo y profesión que ostentaba. El hecho de concertarse para cometer los delitos que fueron necesarios para atentar contra la seguridad y fe públicas, deja entrever una personalidad fundada en valores contrarios a los que la vida en sociedad exige…".
Por esto, fueron condenados a pagar una indemnización a favor del Ministerio de Protección Social por la suma de cuatro mil quinientos millones de pesos.
Por falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir, fueron condenadas las cinco personas, con penas que van entre los cuatro y los catorce años.
Carlos Gonzales fue condenado a 14 años y 5 meses de prisión; Carmen del Socorro Peña, a doce años y ocho meses; Gladys Marina del Castillo, siete años; Eddy José Padilla, 4 años y 7 meses; Julio Cesar Moreno, 4 años y 7 meses.
Tierra y Justicia
Las personas juzgadas fueron activos partícipes en la elaboración, uso fraudulento y certificación de al menos 30 actas de conciliación completamente falsas, con las que fueron cobrados varios millones procedentes del tesoro público.
Gracias a la actuación procesal, se evitó que fueran cobrados otros tres mil setecientos millones de pesos, por diferentes negociaciones en bancos de Brasil, Nueva York y Londres.
El Tribunal indicó que los acusados parecen "tener un perfil sicológico donde prevalecen la falta de escrúpulos y la ausencia de respeto por la dignidad del cargo y profesión que ostentaba. El hecho de concertarse para cometer los delitos que fueron necesarios para atentar contra la seguridad y fe públicas, deja entrever una personalidad fundada en valores contrarios a los que la vida en sociedad exige…".
Por esto, fueron condenados a pagar una indemnización a favor del Ministerio de Protección Social por la suma de cuatro mil quinientos millones de pesos.
Por falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir, fueron condenadas las cinco personas, con penas que van entre los cuatro y los catorce años.
Carlos Gonzales fue condenado a 14 años y 5 meses de prisión; Carmen del Socorro Peña, a doce años y ocho meses; Gladys Marina del Castillo, siete años; Eddy José Padilla, 4 años y 7 meses; Julio Cesar Moreno, 4 años y 7 meses.
Tierra y Justicia
Código de la Infancia será revisado por las Naciones Unidas
Jueces, fiscales y abogados de Argentina Brasil, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Colombia se reunirán en Bogotá el próximo lunes para revisar los avances jurídicos para la protección de la niñez y la adolescencia, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Los delegados participarán hasta el viernes 10 en el XI Curso de Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño organizado por Unicef y la Universidad Diego Portales de Chile.
El evento es patrocinado por el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y por la Corte Suprema de Chile y la Defensoría Penal Pública de Chile.
Además de servir para actualizar conocimientos, la reunión busca compartir experiencias para fortalecer los derechos de la niñez en el sistema judicial internacional y mejorar su aplicación en los sistemas judiciales de los países. Es la primera vez que este curso se celebra fuera del Cono Sur latinoamericano.
La cita será inaugurada por el procurador general, Edgardo Maya; el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez; Paul Martin, delegado de Unicef en Colombia; el presidente del Consejo de la Judicatura de Colombia, Hernando Torres, y la Defensora Nacional de Chile, Paula Vial.
Entre los participantes figuran los juristas argentinos Emilio García Méndez y Mary Belof; los chilenos Nicolás Espejo Yaksic, Miguel Cillero Bruñol y Domingo Lovera; el costarricense Carlos Tiffer y la colombiana Beatriz Linares, entre otros.
EFE - Tierra y Justicia
Los delegados participarán hasta el viernes 10 en el XI Curso de Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño organizado por Unicef y la Universidad Diego Portales de Chile.
El evento es patrocinado por el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y por la Corte Suprema de Chile y la Defensoría Penal Pública de Chile.
Además de servir para actualizar conocimientos, la reunión busca compartir experiencias para fortalecer los derechos de la niñez en el sistema judicial internacional y mejorar su aplicación en los sistemas judiciales de los países. Es la primera vez que este curso se celebra fuera del Cono Sur latinoamericano.
La cita será inaugurada por el procurador general, Edgardo Maya; el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez; Paul Martin, delegado de Unicef en Colombia; el presidente del Consejo de la Judicatura de Colombia, Hernando Torres, y la Defensora Nacional de Chile, Paula Vial.
Entre los participantes figuran los juristas argentinos Emilio García Méndez y Mary Belof; los chilenos Nicolás Espejo Yaksic, Miguel Cillero Bruñol y Domingo Lovera; el costarricense Carlos Tiffer y la colombiana Beatriz Linares, entre otros.
EFE - Tierra y Justicia
Presión de gobiernos sobre la prensa, denuncia la SIP
Antes de la apertura oficial, por parte del rey Juan Carlos,de la 64 Asamblea General que la SIP celebra en Madrid, estaorganización que agrupa a medio millar de propietarios y directoresde medios de comunicación hizo un repaso a la situación de la libertad de prensa en las Américas, con más sombras que luces.
El día estuvo dedicado a escuchar los informes de la Comisión deImpunidad y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, que desgranaron, país por país, los problemas, empezando por la mera supervivencia, que afrontan miles de profesionales en el continente.
El presidente de la Comisión de Impunidad de la SIP, JuanFrancisco Ealy Ortiz, fue el encargado de reclamar Justicia ennombre de esta organización para los 8 periodistas asesinados en la segunda mitad de 2008 en Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Venezuela y México.
Ealy Ortiz recordó sus nombres: el dominicano Normando García, el ecuatoriano Raúl Rodríguez Coronel, los venezolanos Javier García y Pierre Fould Gerges, el guatemalteco Jorge Mérida Pérez y los mexicanos Felicitas Martínez, Teresa Bautista y Alejandro Fonseca.
Tras la intervención del presidente de la Comisión de Impunidad,fue el turno de la Comisión de Libertad de Información y Prensa, enla que representantes de cada uno de los países hablaron de losretrocesos y avances que se han producido en el último semestre.
Las críticas más duras fueron para los "Gobiernos izquierdistasintolerantes", como los calificó en una entrevista con Efe elpresidente de la SIP, el estadounidense Earl Maucker, en referencia sobre todo a Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Bolivia.
Hubo críticas también para Gobiernos situados en el espectropolítico contrario, como Colombia, donde las acciones de carácter judicial contra medios de comunicación y periodistas tambiénaumentaron, a decir de la SIP.
Según el documento expuesto por el director del diario "El Heraldo", Gustavo Bell, la libertad de prensa y de opinión sufrió en el último semestre en Colombia el incremento de la polarización política y las continuas fricciones entre distintas ramas del poderpúblico.
Desde el Gobierno colombiano se lanzaron descalificaciones sobre medios y periodistas porque publican investigaciones y denuncias relacionadas con hechos en los que están implicados funcionarios o congresistas de su coalición, como es el caso de la llamada parapolítica (la presunta implicación de políticos conparamilitares), el narcotráfico y sus relaciones con algunosmiembros de la fiscalía y la policía nacional, según el informe.
"Ninguna sociedad puede ser libre sin una prensa libre", dice presidente de la SIP
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Earl Maucker, aseguró este lunes que "ninguna sociedad puede ser libre sin una prensa libre", en la inauguración de la 64 Asamblea General de la SIP en Madrid.
"Queremos que todo individuo entienda lo que significa la libertad de prensa y expresión y lo que supone para lograr sus aspiraciones", afirmó Maucker, director del Sun-Sentinel de Florida.
"Nuestra tarea es la de permitir el acceso de los ciudadanos al derecho de saber", añadió Maucker, para el que esta tarea se enfrenta a "enemigo complejo" como "la violencia y el crimen, y el enemigo que se esconde tras la censura".
El problema de la violencia contra los periodistas ha sido uno de los principales temas tratados en los seminarios y mesas redondas que se celebran desde el viernes en el marco de la Asamblea de la SIP.
Maucker, que dejará su cargo al término de esta Asamblea, que se clausura el martes, se mostró convencido de que la "SIP es el principal guardián que vigila la libertad de prensa".
El presidente de la SIP destacó ante un auditorio compuesto, principalmente de editores, directores y periodistas, la elaboración de un "proyecto de aspiraciones" que está llevando a cabo la organización y que espera presentar próximamente.
"Es una declaración de valores que se pueda tener como faro del periodismo", afirmó Maucker, quien precisó que la SIP defiende "el derecho de cada medio a establecer sus normas éticas".
El director del Sun-Sentinel intervino en la inauguración de la 64 Asamblea General de la SIP, que presidió el rey Juan Carlos I de España, en la segunda ocasión en que el organismo se reúne fuera de América, después de que ya lo hiciera una primera vez también en España en 1992 con motivo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.
El día estuvo dedicado a escuchar los informes de la Comisión deImpunidad y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, que desgranaron, país por país, los problemas, empezando por la mera supervivencia, que afrontan miles de profesionales en el continente.
El presidente de la Comisión de Impunidad de la SIP, JuanFrancisco Ealy Ortiz, fue el encargado de reclamar Justicia ennombre de esta organización para los 8 periodistas asesinados en la segunda mitad de 2008 en Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Venezuela y México.
Ealy Ortiz recordó sus nombres: el dominicano Normando García, el ecuatoriano Raúl Rodríguez Coronel, los venezolanos Javier García y Pierre Fould Gerges, el guatemalteco Jorge Mérida Pérez y los mexicanos Felicitas Martínez, Teresa Bautista y Alejandro Fonseca.
Tras la intervención del presidente de la Comisión de Impunidad,fue el turno de la Comisión de Libertad de Información y Prensa, enla que representantes de cada uno de los países hablaron de losretrocesos y avances que se han producido en el último semestre.
Las críticas más duras fueron para los "Gobiernos izquierdistasintolerantes", como los calificó en una entrevista con Efe elpresidente de la SIP, el estadounidense Earl Maucker, en referencia sobre todo a Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Bolivia.
Hubo críticas también para Gobiernos situados en el espectropolítico contrario, como Colombia, donde las acciones de carácter judicial contra medios de comunicación y periodistas tambiénaumentaron, a decir de la SIP.
Según el documento expuesto por el director del diario "El Heraldo", Gustavo Bell, la libertad de prensa y de opinión sufrió en el último semestre en Colombia el incremento de la polarización política y las continuas fricciones entre distintas ramas del poderpúblico.
Desde el Gobierno colombiano se lanzaron descalificaciones sobre medios y periodistas porque publican investigaciones y denuncias relacionadas con hechos en los que están implicados funcionarios o congresistas de su coalición, como es el caso de la llamada parapolítica (la presunta implicación de políticos conparamilitares), el narcotráfico y sus relaciones con algunosmiembros de la fiscalía y la policía nacional, según el informe.
"Ninguna sociedad puede ser libre sin una prensa libre", dice presidente de la SIP
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Earl Maucker, aseguró este lunes que "ninguna sociedad puede ser libre sin una prensa libre", en la inauguración de la 64 Asamblea General de la SIP en Madrid.
"Queremos que todo individuo entienda lo que significa la libertad de prensa y expresión y lo que supone para lograr sus aspiraciones", afirmó Maucker, director del Sun-Sentinel de Florida.
"Nuestra tarea es la de permitir el acceso de los ciudadanos al derecho de saber", añadió Maucker, para el que esta tarea se enfrenta a "enemigo complejo" como "la violencia y el crimen, y el enemigo que se esconde tras la censura".
El problema de la violencia contra los periodistas ha sido uno de los principales temas tratados en los seminarios y mesas redondas que se celebran desde el viernes en el marco de la Asamblea de la SIP.
Maucker, que dejará su cargo al término de esta Asamblea, que se clausura el martes, se mostró convencido de que la "SIP es el principal guardián que vigila la libertad de prensa".
El presidente de la SIP destacó ante un auditorio compuesto, principalmente de editores, directores y periodistas, la elaboración de un "proyecto de aspiraciones" que está llevando a cabo la organización y que espera presentar próximamente.
"Es una declaración de valores que se pueda tener como faro del periodismo", afirmó Maucker, quien precisó que la SIP defiende "el derecho de cada medio a establecer sus normas éticas".
El director del Sun-Sentinel intervino en la inauguración de la 64 Asamblea General de la SIP, que presidió el rey Juan Carlos I de España, en la segunda ocasión en que el organismo se reúne fuera de América, después de que ya lo hiciera una primera vez también en España en 1992 con motivo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.
Efe y AFP - Tierra y Justicia
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