Anunció que la comisión especial realizará un análisis a la Superintendencia Financiera y a la Unidad Administrativa Especial de la Dian.
De igual forma, el procurador instó a los alcaldes y alcaldías locales a que “realicen visitas” a los establecimientos que se dedican a la captación de dinero en sus respectivas jurisdicciones.
Entre tanto, en declaraciones a la W radio de Caracol, el Presidente Álvaro Uribe no descartó acudir a la emergencia económica al decir que ahí hay un tema jurídico "no fácil de manejar" por el desplome de las pirámides.
También indicó que se propone buscar la forma para devolverle los dineros a la gente. "Hay que buscar hasta dónde es posible, por vía administrativa, devolverle el dinero a la gente. Hasta dónde a partir de qué punto hay que hacer, por una vía judicial de proceso liquidatorio que tiene unas reglas, las reglas que se imponen para liquidar para un patrimonio".
Consideró que se debe buscar un mecanismo para que "aquellos pagos que quedaren insolutos y de los cuales sean acreedores colombianos de los estratos uno y dos, el Gobierno busque un mecanismo para ayudarles".
En declaraciones radiales insistió en que "el Gobierno buscará los mecanismos para ayudarle a esos estratos...". Recordó que en el pasado reciente así se lo manifestó al padre Mario Toro "que en municipio de Sibundoy, Putumayo, ha estado al frente del tema".
Insistió que desde entonces le dijo que "el Gobierno buscaría mecanismos para ayudar a las familias de los estratos uno y dos que resultaren con saldos que no se les pueda devolver por agotamiento de los patrimonios en estas pirámides".
Reiteró que el Gobierno tiene que buscar la plata que esté escondida para tenerla a buen recaudo para devolverla por vía administrativa sus dueños.
Esta semana estalló el escándalo por la estafa a través de pirámides de inversión, especialmente de DRFE, una de las más grandes del país y que puede llegar a generar una verdadera crisis social en todo el suroccidente del país en donde recibió dinero de al menos 600.000 personas.
Tierra y Justicia - El Espectador
viernes, noviembre 14
lunes, noviembre 10
La T-760 y su impacto en el Sistema de Seguridad Integral en Ssalud
En términos generales, la sentencia tiene buenas intenciones: garantizar la universalización del aseguramiento en salud a toda la población; actualizar, precisar y unificar los contenidos del plan de beneficios (POS) para los regímenes Contributivo (RC) y Subsidiado (RS); obligar a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) a dar tratamientos solicitados por el médico tratante que estén o no estén contemplados en el POS (siempre y cuando se necesiten para la atención de una patología y la persona no tenga medios para pagarlos) sin necesidad de acudir, como hoy, a la tutela; agilizar el pago de los recursos del Fosyga a las EPS y mejorar la información y administración del sistema de salud. Además, pretende que esto se logre sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema, teniendo en cuenta los incentivos que tiene la gente para cotizar y financiar así su seguro. Por último, obliga al Ministerio de la Protección Social a adoptar las medidas pertinentes para lograr la cobertura universal en enero de 2010.
El fallo no dice nada nuevo, ya que reafirma lo ya contenido en la Constitución, la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007 en cuanto a la universalización del derecho a la salud, la unificación de contenidos y la agilidad en los pagos. La sentencia, sin embargo, precisa los temas al ordenar que: los contenidos del POS-Subsidiado y el POS-Contributivo deben igualarse para los niños antes de octubre próximo; debe presentarse, para el resto de la población, un plan de unificación por parte de la Comisión de Regulación en Salud (o del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud); y se debe alcanzar la cobertura universal de aseguramiento en 2010.
Pero dentro de esta falta de novedad hay, también, un claro objetivo de ponerle orden a un sistema que se ha desarrollado un poco caóticamente. En este sentido, es en parte un regaño a todos los gobiernos desde 1993. Esto se ve, por ejemplo, en la intención de poner punto final a un tema que no se ha abordado seriamente desde la expedición de la Ley 100: el contenido del POS de ambos regímenes. Éste no sólo ha sido calificado por expertos como etéreo, lo cual lo ha hecho propenso a las tutelas, sino también ha sido calificado como anacrónico y no consecuente con el perfil epidemiológico de la población.
Sin embargo, estas buenas intenciones plantean dos interrogantes. El primero tiene que ver con el financiamiento del sistema, pues el aumento de la cobertura y la igualación del contenido de los paquetes demandará más recursos de los que se destinan hoy a la salud, que bordean ya la impresionante cifra de 6% del PIB. Estos recursos podrían obtenerse de varias maneras: se podrían aumentar o el IVA (algo políticamente difícil), o los ya muy altos impuestos a la nómina. También se podrían disminuir las contribuciones a la salud para incentivar la cotización y, los recursos faltantes se obtendrían de otras fuentes, como por ejemplo de los impuestos parafiscales. La última alternativa, que sería tramposa, consiste en definir un POS unificado de tal forma que su costo no supere al costo total actual.
La decisión que se tome debe tener en cuenta la dinámica que ha tenido el mercado laboral en los últimos años, influenciada por el comportamiento de los impuestos a la nómina. Es decir, sería un grave error que los recursos adicionales que se necesitan se obtuvieran de mayores impuestos a la nómina. A partir de la Ley 100 de 1993 esos costos han aumentado demasiado e ininterrumpidamente, hasta el punto en que hoy en día ascienden a casi un 60% del salario (los más altos en Latinoamérica). Como se ve en el gráfico 1, paralelamente se han aumentado la informalidad y el empleo por cuenta propia, por lo que el número de contribuyentes es menor al que podría ser.
En este sentido, es bastante decepcionante la posición de la Corte al ordenar perentoriamente este incremento en el gasto, y decir, al mismo tiempo, que debe cuidarse la estabilidad financiera del sistema y los incentivos, sin nunca mencionar el tipo de financiamiento requerido para alcanzar estos objetivos simultáneamente.
Tierra y Justicia - El Espectador
El fallo no dice nada nuevo, ya que reafirma lo ya contenido en la Constitución, la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007 en cuanto a la universalización del derecho a la salud, la unificación de contenidos y la agilidad en los pagos. La sentencia, sin embargo, precisa los temas al ordenar que: los contenidos del POS-Subsidiado y el POS-Contributivo deben igualarse para los niños antes de octubre próximo; debe presentarse, para el resto de la población, un plan de unificación por parte de la Comisión de Regulación en Salud (o del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud); y se debe alcanzar la cobertura universal de aseguramiento en 2010.
Pero dentro de esta falta de novedad hay, también, un claro objetivo de ponerle orden a un sistema que se ha desarrollado un poco caóticamente. En este sentido, es en parte un regaño a todos los gobiernos desde 1993. Esto se ve, por ejemplo, en la intención de poner punto final a un tema que no se ha abordado seriamente desde la expedición de la Ley 100: el contenido del POS de ambos regímenes. Éste no sólo ha sido calificado por expertos como etéreo, lo cual lo ha hecho propenso a las tutelas, sino también ha sido calificado como anacrónico y no consecuente con el perfil epidemiológico de la población.
Sin embargo, estas buenas intenciones plantean dos interrogantes. El primero tiene que ver con el financiamiento del sistema, pues el aumento de la cobertura y la igualación del contenido de los paquetes demandará más recursos de los que se destinan hoy a la salud, que bordean ya la impresionante cifra de 6% del PIB. Estos recursos podrían obtenerse de varias maneras: se podrían aumentar o el IVA (algo políticamente difícil), o los ya muy altos impuestos a la nómina. También se podrían disminuir las contribuciones a la salud para incentivar la cotización y, los recursos faltantes se obtendrían de otras fuentes, como por ejemplo de los impuestos parafiscales. La última alternativa, que sería tramposa, consiste en definir un POS unificado de tal forma que su costo no supere al costo total actual.
La decisión que se tome debe tener en cuenta la dinámica que ha tenido el mercado laboral en los últimos años, influenciada por el comportamiento de los impuestos a la nómina. Es decir, sería un grave error que los recursos adicionales que se necesitan se obtuvieran de mayores impuestos a la nómina. A partir de la Ley 100 de 1993 esos costos han aumentado demasiado e ininterrumpidamente, hasta el punto en que hoy en día ascienden a casi un 60% del salario (los más altos en Latinoamérica). Como se ve en el gráfico 1, paralelamente se han aumentado la informalidad y el empleo por cuenta propia, por lo que el número de contribuyentes es menor al que podría ser.
En este sentido, es bastante decepcionante la posición de la Corte al ordenar perentoriamente este incremento en el gasto, y decir, al mismo tiempo, que debe cuidarse la estabilidad financiera del sistema y los incentivos, sin nunca mencionar el tipo de financiamiento requerido para alcanzar estos objetivos simultáneamente.
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Se abre paso el pago de horas extras desde la seis de la tarde
Esta iniciativa, aunque aún le quedan tres debates para que sea aprobado de manera definitiva, busca fundamentalmente que los trabajadores gocen de este beneficio que fue abolido en anterior iniciativa.
El promotor del proyecto, el representante a la Cámara, Venus Albeiro Silva, explicó que lo que pretende es justamente volver al día original de pago de extras desde las 18:00 horas y no desde las 22:000 como sucede en estos momentos.
"Se tendrá el derecho de los recargos nocturnos y se podrá retornar al tema de los tres turnos de ocho con el beneficio de que en los turnos de 2 a 10 de la noche y de 10 de la noche a seis de la mañana se recibirá más plata por horas con recargo nocturno", explicó.
Sin embargo, Silva explicó que su proyecto está inspirado en el hecho de ver como la política estatal de generación de empleo falló, al estar enfocada en la exclusión del pago de horas nocturnas desde las diez de la noche.
"Esta reforma que se hizo en la Ley 789 fue un total fracaso. Justamente tenía un artículo que decía que si no generaban 640.000 empleos en los dos primeros años se tenía que derogar, intentamos hacerlo, no se ha podido, por eso ahora insisto en la nueva normatividad en este sentido", aseguró.
Para el congresista, sólo los empresarios se han visto favorecidos con la aplicación de esta política porque con la flexibilización del pago en la mano de obra el empleador se ha quedado con más de un 50% de los recursos que se deberían ganar los trabajadores.
La iniciativa tiene como objetivo recuperar garantías laborales que habían sido excluidas, como el pago de los recargos dominicales, festivos laborados y la indemnización por terminación unilateral e injustificada de la relación laboral.
El proyecto de Ley será discutido en plenaria de la Cámara de Representantes en menos de quince días, y si es aprobada , seguirá, el debate pasará al Senado de la República.
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El promotor del proyecto, el representante a la Cámara, Venus Albeiro Silva, explicó que lo que pretende es justamente volver al día original de pago de extras desde las 18:00 horas y no desde las 22:000 como sucede en estos momentos.
"Se tendrá el derecho de los recargos nocturnos y se podrá retornar al tema de los tres turnos de ocho con el beneficio de que en los turnos de 2 a 10 de la noche y de 10 de la noche a seis de la mañana se recibirá más plata por horas con recargo nocturno", explicó.
Sin embargo, Silva explicó que su proyecto está inspirado en el hecho de ver como la política estatal de generación de empleo falló, al estar enfocada en la exclusión del pago de horas nocturnas desde las diez de la noche.
"Esta reforma que se hizo en la Ley 789 fue un total fracaso. Justamente tenía un artículo que decía que si no generaban 640.000 empleos en los dos primeros años se tenía que derogar, intentamos hacerlo, no se ha podido, por eso ahora insisto en la nueva normatividad en este sentido", aseguró.
Para el congresista, sólo los empresarios se han visto favorecidos con la aplicación de esta política porque con la flexibilización del pago en la mano de obra el empleador se ha quedado con más de un 50% de los recursos que se deberían ganar los trabajadores.
La iniciativa tiene como objetivo recuperar garantías laborales que habían sido excluidas, como el pago de los recargos dominicales, festivos laborados y la indemnización por terminación unilateral e injustificada de la relación laboral.
El proyecto de Ley será discutido en plenaria de la Cámara de Representantes en menos de quince días, y si es aprobada , seguirá, el debate pasará al Senado de la República.
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