La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó hoy a los países del continente a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los de la tierra y los recursos naturales. En una declaración de su relatoría para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la CIDH dijo ver "con preocupación la frecuencia de los conflictos sociales y hechos de violencia asociados a disputas" que afectan a esta porción de la población americana. Los países de América, dijo la relatoría de la CIDH, deben "velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en especial sus derechos sobre la tierra, territorio, recursos naturales, la participación y consulta". En vísperas del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, la comisión dijo que las "disputas" relacionadas con estas minorías están habitualmente asociadas a "las tierras, territorios y recursos naturales". "Estas situaciones de conflicto normalmente surgen porque los estados no garantizan en forma debida la protección de los territorios indígenas ni les garantizan el derecho a participar en las decisiones sobre las actividades que afectan sus derechos", afirmó la CIDH, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA). JMG
viernes, agosto 8
CIDH pide garantizar derechos de indígenas en América
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó hoy a los países del continente a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los de la tierra y los recursos naturales. En una declaración de su relatoría para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la CIDH dijo ver "con preocupación la frecuencia de los conflictos sociales y hechos de violencia asociados a disputas" que afectan a esta porción de la población americana. Los países de América, dijo la relatoría de la CIDH, deben "velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en especial sus derechos sobre la tierra, territorio, recursos naturales, la participación y consulta". En vísperas del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, la comisión dijo que las "disputas" relacionadas con estas minorías están habitualmente asociadas a "las tierras, territorios y recursos naturales". "Estas situaciones de conflicto normalmente surgen porque los estados no garantizan en forma debida la protección de los territorios indígenas ni les garantizan el derecho a participar en las decisiones sobre las actividades que afectan sus derechos", afirmó la CIDH, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA). JMG
Indigenas de Colombia podrían desaparecer
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur alertó hoy sobre la apremiante situación en la que viven los grupos indígenas de Colombia que son víctimas de violencia y de desplazamientos forzados. En un comunicado hecho público hoy, el Acnur recuerda que en Colombia viven un millón de indígenas que pertenecen a más de 80 grupos diferentes y que hablan 60 lenguas distintas. "Casi la mayoría de todos esos grupos han sido víctimas de desplazamientos forzados o de amenazas a causa del conflicto armado interno", reza el texto. El comunicado destaca, además, que según la asociación indígena de Colombia (ONIC) 18 de los grupos más pequeños "están en riesgo de desaparecer" . De hecho, cada año entre 10.000 y 20.000 indígenas son registrados por las autoridades tras haber sido forzados a abandonar sus lugares de origen. "Las estadísticas sólo dan una mirada parcial del devastador impacto de los desplazamientos forzados de los indígenas colombianos, cuya capacidad de sobrevivir económica, social y culturalmente depende en gran medida de su relación ancestral con su tierra".
Extradición de "HH" rompió unanimidad de la Sala Penal de la Corte
El magistrado Alfredo Gómez Quintero se apartó de sus colegas que rindieron concepto favorable en el tema y salvó su voto tras dos años de emitir fallos monolíticos y sin disidencias.
Y es que desde el inicio del escándalo de la parapolítica, la Sala Penal, que investiga y juzga a los congresistas, decidió que había una sola consigna: unanimidad en las decisiones.
Como afirmaron en su momento magistrados de esa Sala, era una especie de blindaje a los ataques que podría recibir esa corporación por las decisiones que tomara.
En el salvamento, Gómez advirtió que los seis magistrados que acogieron de manera mayoritaria el concepto decidieron "(...) aún sin contar con la asistencia de dos de los magistrados(...)".
Según el magistrado, la Sala debió abstenerse de rendir concepto hasta conocer las razones que llevaron al presidente Álvaro Uribe a extraditar a E.U. a 14 ex 'paras'.
"Lo cierto es que al interior de ese trámite, pero en particular a la fecha de hoy, no se sabe si Veloza se mantiene en el proceso de Justicia y Paz", dice Gómez.
Para el magistrado, la respuesta de la Presidencia aún no ha llegado a la Corte y las inquietudes formuladas por los magistrados todavía no se han absuelto por lo que el concepto, presentado a consideración de la Sala por el magistrado Javier Zapata Ortiz, no debió rendirse como se hizo.
"Las razones de la Sala estaban -y siguen estando- fundadas en conocer si el motivo de la extradición había obedecido al hecho de haberse demostrado que seguían delinquiendo luego de su desmovilización y si por esta razón legal habían sido excluidos del mencionado proceso de justicia y paz", aclaró Gómez.
Dice que para los miembros del alto tribunal el interés es "estrictamente jurídico" debido a que deben intervenir tanto en la extradición de estas personas, emitiendo concepto favorable o desfavorable, y en el trámite de la jurisdicción de Justicia y Paz como instancia definitiva.
También sucedió en caso Velasco
La decisión de llamar a juicio, pero con libertad condicional al senador Luis Fernando Velasco, también dejó en evidencia una fisura entre los magistrados de la Sala Penal.
Una semana antes, en la sesión de la Sala Penal que definió la suerte jurídica del senador Luis Fernando Velasco, dos magistrados se apartaron de la decisión mayoritaria considerando que al congresista debía precluirse esa investigación.
La tesis que se mantuvo en este caso es que a pesar de no haberse probado una alianza entre el senador Velasco y 'paras' ni el de haber favorecido a ese grupo, el congresista debe explicar las razones por las cuales aceptó unos pasajes financiados por 'paras'.
En los próximos días, se volverá a poner a prueba la unidad de la Sala cuando entre a definir si le cierra otro expediente a Velasco -por presuntos nexos con la guerrilla- o si hay mérito para procesarlo.
EL TIEMPO - JUSTICIA
Y es que desde el inicio del escándalo de la parapolítica, la Sala Penal, que investiga y juzga a los congresistas, decidió que había una sola consigna: unanimidad en las decisiones.
Como afirmaron en su momento magistrados de esa Sala, era una especie de blindaje a los ataques que podría recibir esa corporación por las decisiones que tomara.
En el salvamento, Gómez advirtió que los seis magistrados que acogieron de manera mayoritaria el concepto decidieron "(...) aún sin contar con la asistencia de dos de los magistrados(...)".
Según el magistrado, la Sala debió abstenerse de rendir concepto hasta conocer las razones que llevaron al presidente Álvaro Uribe a extraditar a E.U. a 14 ex 'paras'.
"Lo cierto es que al interior de ese trámite, pero en particular a la fecha de hoy, no se sabe si Veloza se mantiene en el proceso de Justicia y Paz", dice Gómez.
Para el magistrado, la respuesta de la Presidencia aún no ha llegado a la Corte y las inquietudes formuladas por los magistrados todavía no se han absuelto por lo que el concepto, presentado a consideración de la Sala por el magistrado Javier Zapata Ortiz, no debió rendirse como se hizo.
"Las razones de la Sala estaban -y siguen estando- fundadas en conocer si el motivo de la extradición había obedecido al hecho de haberse demostrado que seguían delinquiendo luego de su desmovilización y si por esta razón legal habían sido excluidos del mencionado proceso de justicia y paz", aclaró Gómez.
Dice que para los miembros del alto tribunal el interés es "estrictamente jurídico" debido a que deben intervenir tanto en la extradición de estas personas, emitiendo concepto favorable o desfavorable, y en el trámite de la jurisdicción de Justicia y Paz como instancia definitiva.
También sucedió en caso Velasco
La decisión de llamar a juicio, pero con libertad condicional al senador Luis Fernando Velasco, también dejó en evidencia una fisura entre los magistrados de la Sala Penal.
Una semana antes, en la sesión de la Sala Penal que definió la suerte jurídica del senador Luis Fernando Velasco, dos magistrados se apartaron de la decisión mayoritaria considerando que al congresista debía precluirse esa investigación.
La tesis que se mantuvo en este caso es que a pesar de no haberse probado una alianza entre el senador Velasco y 'paras' ni el de haber favorecido a ese grupo, el congresista debe explicar las razones por las cuales aceptó unos pasajes financiados por 'paras'.
En los próximos días, se volverá a poner a prueba la unidad de la Sala cuando entre a definir si le cierra otro expediente a Velasco -por presuntos nexos con la guerrilla- o si hay mérito para procesarlo.
EL TIEMPO - JUSTICIA
martes, agosto 5
Aumentan pena para quienes contaminen el agua, alimentos o bebidas
La Ley 1220 del 2008 aumenta las penas para quienes cometan delitos contra la salud pública.
La norma modifica varios artículos del Título XII, Capítulo I del Código Penal. La Ley señala que, en adelante, el que viole las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. Así mismo, el que propague epidemia incurrirá en prisión de cuatro a diez años.
En su artículo 3º, la Ley señala que “el que después de haber sido informado de estar afectado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o de la hepatitis B, realice prácticas mediante las cuales pueda contaminar a otra persona, o done sangre, semen, órganos o en general componentes anatómicos, incurrirá en prisión de seis a 12 años.
Penas por otros delitos relacionados
Contaminación de aguas: El que envenene, contamine o altere agua destinada al uso o consumo humano incurrirá en prisión de cuatro a diez años. La pena será de cuatro a ocho años de prisión, si el agua estuviere destinada al servicio de la agricultura o al consumo o uso de animales.
Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico: El que envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, los comercialice, distribuya o suministre, incurrirá en prisión de 5 a 12 años. En la misma pena se incurrirá si los productos están deteriorados, caducados o incumplen las exigencias técnicas.
tierrayjusticia@hotmail.com
La norma modifica varios artículos del Título XII, Capítulo I del Código Penal. La Ley señala que, en adelante, el que viole las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. Así mismo, el que propague epidemia incurrirá en prisión de cuatro a diez años.
En su artículo 3º, la Ley señala que “el que después de haber sido informado de estar afectado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o de la hepatitis B, realice prácticas mediante las cuales pueda contaminar a otra persona, o done sangre, semen, órganos o en general componentes anatómicos, incurrirá en prisión de seis a 12 años.
Penas por otros delitos relacionados
Contaminación de aguas: El que envenene, contamine o altere agua destinada al uso o consumo humano incurrirá en prisión de cuatro a diez años. La pena será de cuatro a ocho años de prisión, si el agua estuviere destinada al servicio de la agricultura o al consumo o uso de animales.
Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico: El que envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, los comercialice, distribuya o suministre, incurrirá en prisión de 5 a 12 años. En la misma pena se incurrirá si los productos están deteriorados, caducados o incumplen las exigencias técnicas.
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