Sabían, desde el comienzo, que al declarar un capítulo del Tratado como inconstitucional, este debería ser discutido de nuevo entre los gobiernos.El magistrado Jaime Araújo Rentería, que finalmente fue el único que votó en contra de la aprobación, avivó siempre los debates.La primera gran discusión que lideró Araújo en la Sala fue si la Corte debía pronunciarse sobre la conveniencia nacional del acuerdo.Para él, la Constitución contempla que el tribunal sí debe hacerlo. Después de un fuerte debate, la mayoría decidió que no, pues consideró que la Corte no era competente para meterse en calificar el tratado desde una mirada política o económica, sino estrictamente si las normas violan directamente la Carta del 91.Araújo perdió la batalla, pero volvió a poner el dedo en la llaga. Toda la Sala aceptó que existe el riesgo de que en la aplicación del TLC se den situaciones que puedan generar violaciones a los derechos colectivos, puntualmente al acceso a la salud y la protección del medio ambiente.La ponente de la sentencia sobre el Tratado, magistrada Clara Inés Vargas, reencauzó la discusión cuando advirtió que la Corte no se podía anticipar a cómo sería la aplicación del acuerdo comercial. Los demás la apoyaron.Fue en ese momento cuando se pensó en hacer una importante observación al Gobierno. Estableció que cualquier norma, acuerdo o decreto que se expidiera para reglamentar en Colombia el Tratado debe cumplir con los parámetros de la Constitución, con perjuicio de que pueden ser objeto de tutelas o demandas.Esa no fue la única polémica, El pasado martes la discusión más duró tres horas: el alcance de los tribunales internacionales de arbitramento en caso de líos o controversias entre particulares y el Estado en el desarrollo del TLC. Los protagonistas del debate: el magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra y, de nuevo, el magistrado Araújo. El primero defendió la idoneidad de dichos tribunales internacionales con el argumento de son legítimos y que están conformados por profesionales imparciales. Araújo, cuentan fuentes de la Corte, replicó que muchos de esos tribunales funcionan en Estados Unidos y en el edificio del Banco Mundial. Y su segundo reparo fue que no había certeza de quiénes son los que conforman esos tribunales y que estos desplazarían a los jueces colombianos. La Corte definió finalmente que, aunque son idóneos, estos tribunales de arbitramento no pueden desplazar a la justicia nacional.Otro de los temas que generó gran controversia fue el capítulo de medicamentos y patentes. En este caso no solo Araújo tuvo reparos, sino que se unieron los magistrados Humberto Sierra y Jaime Córdoba. Ellos manifestaron que como estaba en la norma podría haber dificultades para el acceso a los medicamentos. Incluso, Araújo manifestó que se le estaba dando paso a un monopolio de las multinacionales farmaceúticas que aumentaría los costos de la salud.Después de la discusión, se aceptó que se incluyera en la sentencia una especie de salvaguarda que advierte que las patentes no pueden ir en contravía con las políticas de salud pública que tiene el país.
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