La T-760 y su impacto en el Sistema de Seguridad Integral en Ssalud

En términos generales, la sentencia tiene buenas intenciones: garantizar la universalización del aseguramiento en salud a toda la población; actualizar, precisar y unificar los contenidos del plan de beneficios (POS) para los regímenes Contributivo (RC) y Subsidiado (RS); obligar a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) a dar tratamientos solicitados por el médico tratante que estén o no estén contemplados en el POS (siempre y cuando se necesiten para la atención de una patología y la persona no tenga medios para pagarlos) sin necesidad de acudir, como hoy, a la tutela; agilizar el pago de los recursos del Fosyga a las EPS y mejorar la información y administración del sistema de salud. Además, pretende que esto se logre sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema, teniendo en cuenta los incentivos que tiene la gente para cotizar y financiar así su seguro. Por último, obliga al Ministerio de la Protección Social a adoptar las medidas pertinentes para lograr la cobertura universal en enero de 2010.
El fallo no dice nada nuevo, ya que reafirma lo ya contenido en la Constitución, la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007 en cuanto a la universalización del derecho a la salud, la unificación de contenidos y la agilidad en los pagos. La sentencia, sin embargo, precisa los temas al ordenar que: los contenidos del POS-Subsidiado y el POS-Contributivo deben igualarse para los niños antes de octubre próximo; debe presentarse, para el resto de la población, un plan de unificación por parte de la Comisión de Regulación en Salud (o del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud); y se debe alcanzar la cobertura universal de aseguramiento en 2010.
Pero dentro de esta falta de novedad hay, también, un claro objetivo de ponerle orden a un sistema que se ha desarrollado un poco caóticamente. En este sentido, es en parte un regaño a todos los gobiernos desde 1993. Esto se ve, por ejemplo, en la intención de poner punto final a un tema que no se ha abordado seriamente desde la expedición de la Ley 100: el contenido del POS de ambos regímenes. Éste no sólo ha sido calificado por expertos como etéreo, lo cual lo ha hecho propenso a las tutelas, sino también ha sido calificado como anacrónico y no consecuente con el perfil epidemiológico de la población.
Sin embargo, estas buenas intenciones plantean dos interrogantes. El primero tiene que ver con el financiamiento del sistema, pues el aumento de la cobertura y la igualación del contenido de los paquetes demandará más recursos de los que se destinan hoy a la salud, que bordean ya la impresionante cifra de 6% del PIB. Estos recursos podrían obtenerse de varias maneras: se podrían aumentar o el IVA (algo políticamente difícil), o los ya muy altos impuestos a la nómina. También se podrían disminuir las contribuciones a la salud para incentivar la cotización y, los recursos faltantes se obtendrían de otras fuentes, como por ejemplo de los impuestos parafiscales. La última alternativa, que sería tramposa, consiste en definir un POS unificado de tal forma que su costo no supere al costo total actual.
La decisión que se tome debe tener en cuenta la dinámica que ha tenido el mercado laboral en los últimos años, influenciada por el comportamiento de los impuestos a la nómina. Es decir, sería un grave error que los recursos adicionales que se necesitan se obtuvieran de mayores impuestos a la nómina. A partir de la Ley 100 de 1993 esos costos han aumentado demasiado e ininterrumpidamente, hasta el punto en que hoy en día ascienden a casi un 60% del salario (los más altos en Latinoamérica). Como se ve en el gráfico 1, paralelamente se han aumentado la informalidad y el empleo por cuenta propia, por lo que el número de contribuyentes es menor al que podría ser.
En este sentido, es bastante decepcionante la posición de la Corte al ordenar perentoriamente este incremento en el gasto, y decir, al mismo tiempo, que debe cuidarse la estabilidad financiera del sistema y los incentivos, sin nunca mencionar el tipo de financiamiento requerido para alcanzar estos objetivos simultáneamente.
Tierra y Justicia - El Espectador