El 65 por ciento de los municipios colombianos no tienen servicio de agua potable, según la Defensoría.
Para 670 nuevos alcaldes su posesión el próximo primero de enero no será muy grata, porque a partir de ese momento tendrán 18 meses para asegurar la prestación del servicio.
Los cálculos de la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Servicios Públicos es que un 65 por ciento de los municipios del país, no suministra agua apta para el consumo humano. Eso, en otras palabras, quiere decir que unos 12 millones de colombianos no tienen agua potable.
Todo esto, pese a que entre 1996 y el 2003 se destinaron 11,7 billones de pesos para invertir en acueductos, alcantarillados y servicios de aseo, lo que deja entrever que gran parte de estos recursos se desviaron para otra clase de obras.
De hecho, cálculos de Planeación Nacional indican que 7 de cada 10 municipios han invertido en otros rubros los recursos que inicialmente estaban destinados para la distribución de agua.
Para evitar que esto vuelva a ocurrir, el Congreso y el Gobierno impulsaron la Ley de Reglamentación de las Transferencias que incluye un proceso de certificación y descertificación para los municipios que han despilfarrado los recursos que debieron invertirse en suministrarles agua a los colombianos.
Esta reforma, en palabras de la viceministra de Agua, Leyla Rojas, podría afectar a 670 municipios que no han cumplido con el mandato de la Ley de Servicios Públicos, de darles agua potable a sus habitantes.
"Si los recursos se hubieran invertido correctamente, hoy tendríamos un 100 por ciento de cobertura en acueductos y un 95 por ciento en alcantarillado. Hoy, lo que tenemos es 83 por ciento en acueducto, y 73 por ciento en alcantarillado", dice Rojas.
En Colombia, hay municipios como Carmen de Bolívar, y Quibdó, donde la continuidad en el servicio de agua puede ser de cuatro y tres horas, respectivamente.
En otros, como Tumaco, que tiene 86.000 habitantes, el suministro de agua es de tan solo de 6 horas al día.
Las sanciones
¿Qué les pasará a los alcaldes que no cumplan con el plazo de 18 meses que les acaba de fijar esta ley? Muy simple: sus recursos de transferencias serán entregados al departamento para que sean administrados.
Solo para el próximo año, el Gobierno piensa destinar 980 mil millones de pesos en transferencias para agua potable.
Adicionalmente, perderán la facultad para operar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Así que, muchos de los nuevos alcaldes no tendrán tiempo de celebrar, porque ya el Gobierno y el Congreso les asignaron una primera y urgente tarea.
Tres preguntas a la Viceministra del agua, Leyla Rojas, sobre la nueva Ley
1. ¿Por qué se creó este proceso de certificación y descertificación?
Porque 13 años después de que la Ley 142 de Servicios Públicos les asignó una serie de obligaciones, entre ellas, las de asegurar la prestación del servicio de agua, unos 670 municipios no tienen agua potable. Eso tiene que cambiar lo antes posible.
2. ¿Qué deben hacer para no ser descertificados?
Primero, destinar los recursos de agua potable, en agua potable. Segundo, crear un fondo de solidaridad y redistribución de ingresos y tercero, crear empresas especializadas en servicios públicos con una contabilidad separada de la Alcaldía.
3. ¿Qué les pasará a los que no cumplan con esta disposición?
Dos cosas: el Gobierno dejará de enviarles transferencias y perderán la competencia para ser los administradores de acueducto y alcantarillado. A los que no se les pueda imputar responsabilidad, se les dará un año más de plazo.
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
REDACTOR DE EL TIEMPO
miércoles, enero 2
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