Por lo menos así lo vislumbra una providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la que se afirma que en contra de los fallos, inclusive de tutelas de la propia Corte Constitucional, también procede la acción de tutela. Este criterio fue consignado dentro de un proceso realizado en el Consejo de Estado en donde, si bien no fueron amparados los derechos del demandante, sí se abre la puerta para que muchos inconformes con decisiones judiciales queden en un limbo jurídico, por cuanto ninguna de las cortes tendría la última palabra en los casos que llegan a los despachos judiciales. "Pese a la prohibición de la procedencia de tutela contra fallos de tutela, tal prohibición no aplica cuando hay dos presupuestos. Primero, no haber hecho parte del proceso de tutela y, segundo, haberse presentado vulneración de un derecho de categoría fundamental en razón del fallo, cuya protección dada su innegable urgencia no permita ser reclamado por instancias diferentes a la acción de tutela", señala el fallo. El pronunciamiento constituye un cambio de postura radical por parte del Consejo de Estado, ya que siempre la posición había sido la no procedencia de la tutela contra decisiones judiciales. La providencia se dio dentro del proceso que Abraham Merchán instauró en contra del fallo de la Corte Constitucional, que al referirse al Upac dio vía libre para el remate de algunas viviendas, aún cuando las mismas ya habían sido adjudicadas. Merchán se consideró dueño de uno de los inmuebles rematados debido a que su propietario original no cumplió con el crédito hipotecario. Pero el Consejo de Estado no le dio la razón y rechazó la tutela. No obstante, lo que sí dejó en claro el magistrado Gustavo Gómez, ponente de la decisión, es que mediante tutelas sí se pueden cuestionar los fallos de la Corte Constitucional. En sus propias palabras "El hecho de que el Poder Judicial haya sido investido con la facultad de proteger los derechos fundamentales no le hace inmune a las lesiones en las que este mismo poder pueda incurrir por sus acciones u omisiones”. Gustavo Gómez, magistrado ponente.Colprensa
Tierra y Justicia
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